A pocos meses de que sea puesto en marcha en todos los tribunales del país el nuevo sistema acusatorio con los juicios orales en materia penal, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, diversos son los factores que nos hacen pensar, que cumplir la meta será una tarea titánica y complicada para los Gobiernos Estatales, debido principalmente a que una gran parte de ellos en sus presupuestos de egresos, han proyectado una inversión insuficiente, para hacer frente a los gastos en equipamiento, infraestructura, salarios y capacitación, necesarios para alcanzar dicho objetivo y lo anterior, considerando solamente lo que se refiere al personal de las Procuradurías de Justicia e integrantes del Poder Judicial, cuyos esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de apoyos necesarios para atender el alto número de juicios que seguramente llegarán a sus manos.
 
Si analizamos cuál es la situación de las corporaciones policiacas tanto de nivel federal, estatal y Municipales, en cuanto a la capacitación que deben tener para hacer frente al nuevo sistema, los resultados son deplorables, es decir, mientras se debate la creación de un mando único para todas las policías y se plantean mecanismos para contratar y dar de baja a los elementos, como las pruebas de control de confianza y contar con bases de datos confiables del personal, por otro lado nos encontramos con que los cuerpos que ya se encuentran trabajando en las corporaciones carecen en su mayoría de un salario digno, seguro de vida y la capacitación suficiente para cumplir con la parte que les toca integrar en las investigaciones y detención de los presuntos delincuentes que serán sometidos a un juicio con el nuevo sistema y en este aspecto, no podemos hacerlos responsables, ya que a quienes corresponde otorgarles dicha capacitación es a los Gobiernos federal y de los estados, lo que hace previsible que se cometan errores irreparables en las investigaciones, que permitirán a los delincuentes obtener su libertad en forma inmediata, afectando los derechos de las víctimas y a la sociedad en general, que tendrá que seguir viviendo bajo la zozobra y tolerando en las calles a delincuentes que tendrán muy claro que es muy fácil delinquir y obtener su libertad a muy bajo costo.
 
Otro elemento, que sin duda alguna afectará la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es el combate al narcotráfico y el aumento de la inseguridad en diferentes Estados y zonas del país, donde las corporaciones policiacas están más ocupadas en tratar de disminuir la misma, que en estar en las aulas recibiendo la capacitación y los cursos que les permitan hacer mejor su trabajo para enfrentar a los delincuentes; a todo esto sumaría el grado de riesgo y la amenaza para ellos y sus familiares de verse amenazados por los grupos de la delincuencia organizada que buscan cooptarlos para que ingresen a trabajar para ellos apoyando sus actividades ilícitas, situación que ha traído como consecuencia un elevado número de bajas de elementos que prefieren dedicarse a otra actividad, que verse envueltos en una acusación por complicidad y terminar recluidos en una cárcel los próximos años.
 
Otro factor que a mi juicio debe ser tomado en cuenta por las autoridades, es la adecuada difusión de los cambios que implica este nuevo sistema hacia los ciudadanos, que por una u otra razón se pueden ver envueltos en un asunto en materia penal, como el conocer sus derechos, cómo deben actuar en el caso de una detención por parte de una autoridad, si debe declarar, ante qué autoridad debe hacerlo, si debe estar presente un defensor cuando declare, etc.
 
Desafortunadamente, muchos mexicanos piensan que como en las series norteamericanas, las policías del país llevarán a cabo una investigación con lo más avanzado de la tecnología y que serán juzgados ante un juez y sentenciados por la decisión de un jurado.
 
Por ello, de no difundirse en que consiste este nuevo sistema, sus bondades y beneficios para los ciudadanos, pueden convertirse en su peor pesadilla.